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Derechos humanos no son una potestad, son obligaciones


Enfrenta la CNDH al gobierno federal por rechazo a la recomendación sobre estancias infantiles.

 

* Rechaza descalificación pública a las actividades de la CNDH

 

Raúl González Pérez lamentó que el gobierno de Andrés Manuel López quiera manejar los derechos humanos como una potestad y no como una obligación constitucional de todas las autoridades, empezando por el Ejecutivo.

Ante el rechazo a acatar la Recomendación 29/2019 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) relacionada con las estancias infantiles, por el DIF Nacional, al señalar que el organismo nacional se excede en la interpretación de sus facultades y pretende dictar la política pública que el Estado mexicano debe seguir para dar cumplimiento a los derechos humanos.

Advirtió, el presidente de la CNDH, que el desconocimiento de los derechos humanos, su vulneración intencional o la simulación pactada sobre su observancia y respeto, son elementos propios de regímenes autoritarios en los que las personas y sus derechos no constituyen prioridades.

En conferencia de prensa, el ombudsperson nacional, calificó de “hecho sin precedentes” el rechazo concertado, directo, altisonante, desdeñoso e infundado, de la primera de sus recomendaciones a la actual administración referida a la cancelación de las estancias infantiles.

Aun cuando este gobierno se había comprometido explícitamente a respetar la autonomía, funciones y a cumplir las recomendaciones de la CNDH.

Las principales víctimas que señala la Recomendación 29/2019, son las niñas y niños, madres y padres, responsables y trabajadoras de estancias infantiles, y el rechazo las revictimiza y vulnera, además de señalar que la verdad, la legalidad y el respeto a la institucionalidad democrática que deberían imperar en nuestro país.

Precisó que el pronunciamiento de la CNDH es consecuencia de las 204 quejas presentadas por 5 mil 340 personas agraviadas y aclaró que nadie se opone a que se investiguen los casos de corrupción o las irregularidades que, eventualmente, se hayan presentado en la administración u operación de las estancias infantiles.

Por lo que la CNDH acudirá al Senado para que convoque a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia para que den las explicaciones correspondientes.

También para que señalen la perspectiva que las autoridades de nuestro país tienen sobre los derechos humanos, en general, y sobre el respeto a la institucionalidad democrática, ante los sistemas regional y universal de derechos humanos, y otras instancias internacionales.

González Pérez lamentó que los argumentos se hayan basado en elementos de carácter preminentemente ideológico o político, así como por afirmar hechos que no corresponden a la realidad de las cosas, para desinformar y generar en la sociedad una percepción equivocada sobre el caso, desviando y confundiendo la atención pública de las cuestiones realmente importantes y de fondo.

Al señalar falsamente la no existencia de pronunciamientos de este Organismo Nacional en casos tan graves como Tlatlaya, Tanhuato, Iguala o la Guardería ABC, para pretender justificar el rechazo a la Recomendación 29/2019, cuestiones que no tienen relación o vínculo alguno.

Pretender silenciar el trabajo de los organismos de protección y defensa de los derechos humanos mediante calumnias e infundios, lo que no es digno de una autoridad que ostente o presuma vocación democrática.

Respecto a la Recomendación 29/2019 advirtió que argumentar casos de corrupción o irregularidades no justifican negar la posibilidad de acceder a servicios especializados, profesionales y confiables, con la entrega de 800 pesos al mes, a los padres y madres cabezas de familias, cantidad que tampoco garantiza que sea efectivamente utilizada para el objetivo que se plantea.

“Los derechos humanos deben garantizarse, no monetizarse”, dijo al cuestionar que las personas mayores o las mujeres que integran las familias asuman las tareas relativas al cuidado de niñas y niños, conlleva múltiples estigmas y prejuicios sobre lo que debe considerarse una familia, el papel y responsabilidades de las personas mayores y de las mujeres, basados en su género y condición, que claramente violentan sus derechos.

Además de desconocer la obligación que tiene el Estado mexicano por velar y cumplir, en todas sus decisiones y actuaciones, por el interés superior de la niñez.

El Gobierno de la República podría demostrar su compromiso con la verdad y los derechos humanos dando cumplimiento a las Recomendaciones emitidas por la CNDH.

Reafirmó que la CNDH como una institución autónoma del Estado, independiente de gobiernos, partidos e intereses, continuará como un contrapeso institucional ayudando a todas las personas para que sus derechos se defiendan y protejan.

 

 

Elda Montiel

 

 

Fuente:

SemMéxico, Cd. de México, 8 julio 2019.